Abogado de delitos de cuello blanco en Phoenix, AZ

La Policía de Phoenix envía los casos financieros a su Unidad de Delitos Financieros (Financial Crimes Detail), que forma parte de la Unidad de Investigaciones Técnicas (Technical Investigations Unit) de la Oficina de Delitos contra la Propiedad (Property Crimes Bureau) y que el departamento describe como dedicada a investigar el fraude, la malversación y el robo de identidad. La lista publicada de la unidad también incluye esquemas de fraude, documentos y moneda falsificados, y la explotación financiera de adultos vulnerables. En un caso laboral, el material con el que empieza un detective con frecuencia es del propio empleador: una auditoría interna, una hoja de cálculo de un contador y un relato escrito por la empresa que cree que perdió dinero. Esa versión merece ser puesta a prueba, no darse por cierta.

Cuando los detectives terminan, sus hallazgos van a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. La propia guía de la oficina sobre casos de delitos graves de adultos dice que, en esa etapa, un fiscal puede devolver el caso para que se siga investigando, negarse a procesarlo, pasarlo a otra jurisdicción o presentar cargos, ya sea por denuncia directa, por acusación formal de un gran jurado, o por ambas vías. El organigrama de la MCAO muestra una división de Delitos de Cuello Blanco y Cibernéticos (White Collar/Cyber Crime bureau), y la oficina ha descrito sus divisiones especializadas, entre ellas la de delitos de cuello blanco, como el lugar para los casos que requieren conocimientos particulares.

No todos los casos financieros de Phoenix se quedan con el Fiscal del Condado. La Oficina del Procurador General de Arizona (Arizona Attorney General's Office) procesa ciertos delitos graves estatales, a menudo cuando la conducta abarca más de un condado, cuando la desarrollaron los propios investigadores de una agencia estatal, o después de que el fiscal del condado se lo remite. Manejamos estos asuntos sin importar qué oficina presentó el cargo. Las acusaciones relacionadas con bancos, el correo, transferencias electrónicas (wire) o actividades interestatales también pueden convertirse en procesos federales presentados por el Fiscal Federal (U.S. Attorney). Nova Law Group comparece en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona (U.S. District Court for the District of Arizona), cuyo edificio en Phoenix es el Sandra Day O'Connor U.S. Courthouse, 401 W. Washington St.

Muchos de estos casos se anuncian con una citación, no con una patrulla. Cuando el Fiscal del Condado procede por denuncia directa, un juez la revisa y puede ordenar que la persona comparezca mediante una citación, y reservar la orden de arresto para alguien que probablemente no se presentaría de forma voluntaria. La citación lleva a una comparecencia inicial donde se leen los cargos, se explica el derecho a un abogado y se fijan las condiciones de libertad. Recibir una citación no significa que el caso sea menor. A menudo significa que la investigación ya está completa.

El monto decide la corte. Arizona por lo general acusa la malversación como hurto (theft), es decir, la apropiación de bienes confiados para un plazo o uso no autorizado según A.R.S. § 13-1802(A)(2), y la clase depende del valor. Por debajo de $1,000, el cargo por lo general es un delito menor de clase 1; un informe de la policía de la ciudad de ese tamaño puede enviarse a la Oficina del Fiscal de la Ciudad (City Prosecutor), cuya lista de delitos menores incluye el hurto, y verse en la corte municipal de Washington Street. Desde $1,000 en adelante es un delito grave, y $25,000 o más lo convierte en clase 2. Como A.R.S. § 13-1801(B) permite al Estado sumar los montos tomados bajo un mismo esquema o curso de conducta, un año de pequeños faltantes en la caja registradora o de reembolsos inflados puede acusarse como un solo hurto grande.

Los asuntos más grandes también pueden incluir un cargo de esquemas y artificios fraudulentos según A.R.S. § 13-2310, un delito grave de clase 2. Que la supuesta víctima haya confiado en el engaño no es un elemento del delito, los montos de un mismo esquema pueden sumarse, y una vez que el beneficio llega a $100,000, el § 13-2310(C) elimina la libertad condicional (probation) y la suspensión de la sentencia, con excepciones legales limitadas. Devolver el dinero no vuelve a abrir esa puerta, ya que la disposición no tiene una excepción por restitución. Cuando la conducta tiene que ver con los asuntos de una agencia estatal o de una subdivisión política, como una ciudad, un delito relacionado, el § 13-2311, es un delito grave de clase 5 que no requiere que alguien haya obtenido un beneficio.

El lavado de dinero según A.R.S. § 13-2317 tiene tres grados, de clase 6 a clase 2, y varias de sus formas dependen de si la persona sabía o tenía razones para saber de dónde venía el dinero. Un patrón de conducta de primer o segundo grado que sume $100,000 o más dentro de cualquier período de doce meses puede exponer a la persona al decomiso de bienes sustitutos por un valor de tres veces la cantidad involucrada.

Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Una condena por hurto o fraude puede interpretarse como un delito de deshonestidad ante bancos, aseguradoras y entidades que otorgan licencias, y una junta de licencias puede abrir su propio procedimiento. Una condena por delito grave también convierte a la persona en poseedor prohibido (prohibited possessor) según A.R.S. § 13-3101 hasta que se restablezcan sus derechos. Si hay condena, la corte ordena la restitución por la pérdida económica total según el § 13-603(C); el Fiscal del Condado señala que cubre la pérdida monetaria directa y no el dolor y sufrimiento, y que se paga a través del Secretario de la Corte (Clerk of the Court). Un empleador puede presentar una demanda civil por el mismo dinero, y cualquier persona que no sea ciudadana de los Estados Unidos debe obtener asesoría migratoria antes de cualquier declaración de culpabilidad.