Abogado de delitos federales en Phoenix, AZ

Los delitos federales en Arizona los procesa la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Arizona (U.S. Attorney's Office for the District of Arizona), cuya oficina principal está en Two Renaissance Square, 40 N. Central Ave., en Phoenix. La oficina dice que no es una agencia de investigación. Revisa la evidencia que le remiten investigadores como el FBI, la DEA, la ATF, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection), Seguridad Nacional (Homeland Security) e ICE, y la policía tribal, estatal y local, y su propia lista de casos va desde el robo a bancos (bank robbery), el fraude y la corrupción pública hasta las armas de fuego, las drogas, la inmigración y la explotación infantil.

Varias de esas agencias tienen oficinas en Phoenix, entre ellas la oficina de campo del FBI en Phoenix, en North 7th Street, y la División de Campo de Phoenix de la DEA. La Policía de Phoenix trabaja junto a ellas. La ciudad ha dado a conocer investigaciones conjuntas de su Oficina de Control de Drogas (Drug Enforcement Bureau) y la DEA, y el plan contra el crimen de 2024 del departamento cuenta a agencias federales, entre ellas la ATF y el Fiscal Federal, como socios en sus casos de armas. Por eso, una parada o una orden de registro de la Policía de Phoenix puede llevar a una remisión federal, quedarse como caso estatal u, ocasionalmente, producir ambos, ya que cada oficina de la fiscalía decide por su cuenta. Manejamos estos asuntos sin importar qué oficina presentó el cargo.

Los casos federales que surgen en el Condado de Maricopa se ven en la División de Phoenix de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona (U.S. District Court for the District of Arizona), en el Sandra Day O'Connor U.S. Courthouse, 401 W. Washington St., que también alberga las oficinas en Phoenix de los Servicios Previos al Juicio de EE. UU. (U.S. Pretrial Services) y de la Oficina de Libertad Condicional de EE. UU. (U.S. Probation). Nova Law Group comparece en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona.

Después de un arresto federal, la Regla 5 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal exige que la persona sea llevada ante un juez magistrado sin demora innecesaria. Antes de esa audiencia, un oficial de servicios previos al juicio reúne antecedentes mediante una entrevista y verificaciones de registros y se los pasa al juez. En la comparecencia inicial se leen los cargos, se entregan copias, la corte trata el tema del abogado y se decide la libertad o la detención. Por eso, la llamada a un abogado debe hacerse antes de la audiencia, no después.

La libertad en el sistema federal no funciona como una fianza de la Corte Superior. Según la Ley de Reforma de Fianzas (Bail Reform Act), 18 U.S.C. § 3142, el juez pone en libertad a la persona bajo su propio reconocimiento (recognizance), con una fianza sin garantía o con condiciones, a menudo supervisadas por Servicios Previos al Juicio (Pretrial Services), u ordena la detención después de concluir que nada asegurará razonablemente la comparecencia y la seguridad de los demás. La guía del Distrito sobre la etapa previa al juicio dice que la libertad con condiciones por lo general incluye supervisión y la prohibición de tener armas de fuego, y un custodio externo (third-party custodian), que acepta supervisar a la persona y reportar las violaciones, puede formar parte del plan. Cuando hay causa probable de un delito de drogas con una pena máxima de diez años o más, o de un delito del § 924(c), la ley crea una presunción refutable de que ninguna condición será suficiente.

El abogado se asigna mediante el Plan de la Ley de Justicia Penal (Criminal Justice Act Plan) del Distrito de Arizona. El plan dispone que haya un abogado tan pronto como sea posible después de que una persona es puesta bajo custodia, comparece por primera vez ante un juez o es acusada formalmente, tomado de la Oficina del Defensor Público Federal (Office of the Federal Public Defender) o de un panel de abogados privados, para cualquier persona que no tenga los recursos económicos para obtener un abogado, y las dudas se resuelven a favor de la persona. La entrevista con los agentes y el registro por lo general ocurren antes de cualquier asignación, y contratar a su propio abogado es posible en cualquier etapa.

Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Una condena federal por delito grave prohíbe poseer armas de fuego o municiones según 18 U.S.C. § 922(g)(1), y puede afectar el trabajo, las licencias y la vivienda. Cualquier persona que no sea ciudadana de los Estados Unidos debe obtener asesoría migratoria antes de cualquier declaración de culpabilidad. El proceso de anulación de la condena (set-aside) y de sellado de antecedentes de Arizona está hecho para condenas de Arizona, no para condenas federales.