Abogado de delitos de cuello blanco en Tempe, AZ

La Policía de Tempe publica sus formularios de denuncia en una sola página de la ciudad, y tres de ellos tratan de dinero: un Paquete de Malversación, un Paquete de Falsificación en Instituciones Financieras y un Paquete de Robo de Identidad / Fraude Ciudadano. Los títulos sugieren cómo comienzan muchos de estos casos: con una cuenta que armó el negocio o el banco, y que luego recoge el detective.

Ese punto de partida merece escepticismo. Un negocio que se siente defraudado puede contar mal los reembolsos aprobados, olvidar un acuerdo de comisiones o unir en un solo plan anotaciones que no tienen relación. Cada cifra en un resumen de pérdidas debe poder rastrearse hasta un documento de origen, y ahí es donde miramos nosotros.

La página de la División de Investigaciones de Tempe menciona entre sus escuadrones una Unidad de Delitos de Documentos e Incendios Provocados y una Unidad de Delitos contra la Propiedad. No indica cuál recibe una denuncia financiera determinada, así que la unidad que aparece en la tarjeta de su detective es la mejor pista.

La ley de Arizona no tiene un delito separado de malversación. El cargo habitual es robo conforme a A.R.S. 13-1802(A)(2): a sabiendas y sin autoridad legal, dar a dinero o bienes que se le confiaron para un fin limitado un uso que nunca fue autorizado, o retenerlos por un tiempo. La intención de devolverlo no figura entre las defensas de la ley. El valor determina la clase. Los montos menores de $1,000 generalmente se acusan como delito menor de clase 1, los delitos graves comienzan en $1,000 y la clase más alta, la clase 2, se aplica desde $25,000. Como A.R.S. 13-1801(B) permite al Estado sumar lo que dice que se tomó como parte de un mismo esquema o curso de conducta, meses de pequeñas transferencias pueden acusarse como un solo delito grave.

Cuando el total se mantiene por debajo de $1,000, un informe de la Policía de Tempe puede quedarse en el ámbito local. La Fiscalía de Tempe (Tempe Prosecutor's Office), es decir, la División Penal de la Oficina del Abogado de la Ciudad, procesa los delitos menores que ocurren en Tempe, ya se acusen bajo una ley estatal o bajo el Código de la Ciudad de Tempe, y sus casos en sala pasan a la Corte Municipal de Tempe (Tempe Municipal Court), en 140 E. Fifth Street.

Los delitos graves siguen otro camino. Los detectives presentan el caso a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Su guía publicada sobre casos de adultos enumera las opciones del fiscal asignado: pedir a la policía más investigación, declinar, remitir a otra oficina o presentar cargos, mediante denuncia directa, acusación formal del gran jurado o ambas. Delitos de Cuello Blanco figura entre las oficinas especializadas que ha descrito el Fiscal del Condado. La Oficina del Procurador General de Arizona también lleva una parte de los casos estatales de delitos graves, por lo general los que involucran a más de un condado, una investigación propia de una agencia estatal o una remisión del fiscal del condado. Manejamos estos casos sin importar qué oficina presentó los cargos. Algunas acusaciones que involucran bancos, transferencias electrónicas, el correo o los impuestos se llevan a nivel federal.

Las acusaciones mayores pueden agregar un cargo bajo A.R.S. 13-2310, esquemas y artificios fraudulentos. Ese delito grave de clase 2 requiere un esquema para defraudar más un beneficio que la persona obtuvo a sabiendas mediante declaraciones falsas, promesas falsas u omisiones importantes. No es necesario probar que alguien confió en la mentira, y los montos dentro de un mismo esquema se suman. Cuando el beneficio llega a $100,000, el inciso (C) excluye la libertad condicional y la sentencia suspendida, salvo mediante disposiciones limitadas de liberación en otras leyes, y la restitución no está entre ellas.

Un contrato, permiso o reclamo de reembolso en Tempe pone en juego otra ley. A.R.S. 13-2311 abarca asuntos relacionados con los negocios de una agencia estatal o una subdivisión política, y una ciudad es una de ellas. En ese contexto, ocultar o falsificar un hecho importante mediante un truco o artificio, o usar un documento que usted sabe que es falso, como parte de un plan para defraudar o engañar, es un delito grave de clase 5, sin que se exija que alguien se haya beneficiado.

A.R.S. 13-2317 clasifica el lavado de dinero en tres grados: el tercer grado es un delito grave de clase 6, el segundo grado de clase 3 y el primer grado de clase 2. Varias modalidades dependen de si el acusado sabía o tenía razón para saber, en palabras de la ley, que los fondos eran producto de un delito. Otras apuntan a fraccionar depósitos para evitar los requisitos estatales de reporte y a operar un transmisor de dinero sin la licencia exigida. Si una conducta de primer o segundo grado forma un patrón que suma $100,000 o más en doce meses, el Estado puede buscar bienes sustitutos por el triple del monto.

Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Los prestamistas, las aseguradoras y las juntas de licencias pueden interpretar una condena por robo o fraude como un delito de deshonestidad, y una junta puede abrir su propio caso. Una condena por delito grave convierte a una persona en poseedor prohibido (prohibited possessor) conforme a A.R.S. 13-3101 hasta que se restablezcan los derechos sobre armas de fuego. A.R.S. 13-603(C) exige la restitución de la pérdida económica total según la determine el tribunal, y el negocio todavía puede demandar por el mismo dinero. Si usted no es ciudadano de EE. UU., obtenga asesoría migratoria antes de cualquier declaración de culpabilidad.