En Arizona, una acusación por drogas suele ser un delito grave, y por eso la mayoría de los casos de drogas en Phoenix nunca llegan a la corte municipal. La Corte Municipal de Phoenix (Phoenix Municipal Court) dice que sus casos van desde infracciones de tránsito menores hasta delitos menores de clase 1, y el resumen del Fiscal Municipal (City Prosecutor) sobre los delitos menores que procesa incluye agresión, robo en tiendas, robo, prostitución, crueldad animal, DUI y otros delitos de manejo, sin ningún delito de drogas entre esos ejemplos. Un cargo de posesión como delito grave que surge de un registro de la Policía de Phoenix normalmente va a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, y la Corte Superior (Superior Court) lo ve en el complejo penal del centro, ya sea en el Central Court Building, 201 W. Jefferson St., o en el South Court Tower, 175 W. Madison St. Confirme el edificio en su aviso más reciente. No hay un paso previo en una corte de justicia.
Los agentes de patrulla encuentran drogas en paradas de tránsito y en llamadas de servicio. La Oficina de Control de Drogas (Drug Enforcement Bureau), dentro de la División de Investigaciones del departamento, prepara casos más largos. Un comunicado de la ciudad de noviembre de 2024 describió una investigación de esa oficina con la DEA que duró casi un año, se basó en órdenes judiciales y órdenes de registro, e involucró a la Oficina del Fiscal del Condado. Un comunicado de febrero de 2025 sobre otra operación reconoció al Escuadrón de Conspiración (Conspiracy Squad) de la oficina y al Grupo de Investigaciones Financieras (Financial Investigations Group) de la DEA, y dijo que la Oficina del Procurador General de Arizona obtuvo las órdenes de arresto.
Por eso, revise quién está procesando el caso. La posesión normalmente es un caso del Fiscal del Condado, pero las acusaciones de venta, transporte para la venta, oferta de venta y fabricación pueden venir de tres oficinas. El Fiscal del Condado procesa la mayoría de los delitos graves estatales. Algunos van en cambio a la Oficina del Procurador General de Arizona, por ejemplo cuando la conducta que se alega abarca más de un condado, una agencia estatal hizo la investigación o el fiscal del condado remitió el asunto. Una acusación de venta también puede presentarse a nivel federal por el Fiscal Federal (U.S. Attorney) del Distrito de Arizona, en el Sandra Day O'Connor Courthouse en 401 W. Washington St. Nova Law Group comparece en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Arizona (U.S. District Court for the District of Arizona).
Un ingreso a la cárcel lleva al calendario de comparecencias iniciales por delitos graves en 28th Drive, dentro del centro de Intake, Transfer and Release del condado; el folleto para víctimas de la Policía de Phoenix de abril de 2026 dice que ese calendario funciona cada tres horas, de día y de noche. Según la Regla 4.1, el sistema tiene 24 horas desde el arresto, y después de ese plazo la persona tiene derecho a ser puesta en libertad. En un caso de drogas, las condiciones fijadas en esa audiencia a menudo incluyen pruebas de drogas, una remisión a tratamiento o límites para viajar, y se aplican de inmediato, haya o no resultado de laboratorio.
Algunos casos de drogas en Phoenix no incluyen ningún ingreso a la cárcel. Los agentes pueden incautar una sustancia, dejar ir a la persona y enviar la evidencia a un laboratorio, y un cargo puede llegar semanas después, cuando el informe y el resultado llegan al Fiscal del Condado. Ese intervalo a menudo es el tiempo más útil del caso, mientras todavía se pueden examinar el registro, la cuestión del consentimiento y el peso antes de cualquier decisión de presentar cargos.
En un delito grave, se asigna un abogado a quien no puede pagar uno, pero la asignación llega con el caso judicial, después de la parada, el registro, cualquier entrevista y la solicitud al laboratorio.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Una condena por drogas puede aparecer en verificaciones de antecedentes, en revisiones para la tarjeta de autorización de huellas digitales (fingerprint clearance card) y para licencias profesionales, en decisiones sobre licencias de conducir comerciales, en solicitudes de vivienda y en revisiones migratorias, y puede poner en riesgo una libertad condicional (probation) existente.