Abogado de delitos de cuello blanco en Mesa, AZ

En Mesa, un empleador que cree que un trabajador tomó dinero de la empresa lo denuncia ante la Unidad de Documentos y Delitos Financieros (Document and Financial Crimes Unit) de la Policía de Mesa, que forma parte de la División de Investigaciones Criminales (Criminal Investigations Division) del departamento. La unidad publica un paquete para denunciar malversación escrito para ese empleador, que se debe llenar solo después de que el negocio tenga un número de informe policial.

El paquete hace que el negocio organice su acusación en torno al esquema, al sospechoso y a la evidencia. Pide la solicitud de empleo, la descripción del puesto y los registros de nómina del empleado, además de cheques cobrados, estados de cuenta bancarios y de tarjetas, libros mayores y comprobantes de depósito de cada supuesto esquema. Una hoja de resumen indica la pérdida, desglosada esquema por esquema, y el ejemplo calcula esa pérdida a partir de una auditoría interna o externa. Todo va en dos carpetas rotuladas para el investigador asignado. La versión publicada tiene fecha de 2008, así que la práctica actual puede ser distinta.

Así que el punto de partida del detective es el caso que armó el propio negocio, preparado por personas que creen que perdieron dinero. Una auditoría puede contar pagos que el dueño aprobó, pasar por alto un acuerdo de comisiones o de gastos, o juntar decisiones separadas en un solo esquema. Cuando llega la divulgación de pruebas, leemos esas carpetas como lo haría un fiscal, y luego buscamos lo que dejaron fuera.

Los consejos de Mesa para las víctimas también influyen en las conversaciones sobre reembolsos. La página de la unidad les dice a las víctimas que no firmen un acuerdo civil de reembolso con un infractor que conocen a menos que estén dispuestas a renunciar al proceso penal, aunque el acuerdo nunca se cumpla. Una promesa firmada de devolver el dinero puede aparecer después como evidencia de conocimiento e intención. Haga que cualquier conversación sobre dinero pase por un abogado, y no se comunique con el empleador ni con sus compañeros de trabajo sobre la acusación.

Arizona no tiene un delito llamado malversación. La conducta por lo general se acusa como robo (theft) según A.R.S. § 13-1802(A)(2), que abarca apropiarse a sabiendas de bienes o servicios confiados para un plazo o un uso no autorizado, y la ley de robo no incluye ninguna defensa por haber tenido la intención de devolverlos. El valor fija la clase. Por debajo de $1,000, por lo general se queda como delito menor de clase 1, y el Fiscal de la Ciudad de Mesa (Mesa City Prosecutor) puede presentarlo en la Corte Municipal de Mesa (Mesa Municipal Court); con $1,000 empieza el rango de delito grave, y $25,000 o más alcanza la clase más alta, la clase 2. Según el § 13-1801(B), las apropiaciones que formaron parte de un mismo esquema o curso de conducta pueden sumarse para llegar a una clase más alta.

Los casos de delitos graves que ocurren en Mesa le corresponden a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa, según la página del Fiscal de la Ciudad. Un fiscal de esa oficina puede devolver un informe para que se siga investigando, rechazarlo, remitirlo a otra oficina o presentar cargos, y la oficina ha nombrado a Delitos de Cuello Blanco (White Collar Offenses) entre sus divisiones especializadas.

Los casos más grandes o más largos pueden agregar un cargo de esquemas y artificios fraudulentos, un delito grave de clase 2 según el § 13-2310 que no requiere probar que alguien confió en la declaración falsa. Si el beneficio suma $100,000 o más, el inciso (C) descarta la libertad condicional (probation) y la suspensión de la sentencia, salvo disposiciones legales limitadas de liberación, y no contiene ninguna excepción por devolver el dinero. Cuando la conducta tiene que ver con asuntos de la Ciudad de Mesa, como un contrato, un permiso o un reembolso, el § 13-2311 abarca falsificar u ocultar a sabiendas un hecho importante como parte de un esquema para defraudar o engañar: un delito grave de clase 5 que no requiere un beneficio.

El lavado de dinero según el § 13-2317 es un delito grave de clase 6, 3 o 2, según el grado. Algunas formas dependen del conocimiento, incluido lo que la persona acusada tenía razones para saber sobre el origen del dinero; otras abarcan el fraccionamiento de operaciones para evadir las reglas estatales de reporte o la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Un patrón de infracciones de primer o segundo grado que sume $100,000 o más en cualquier período de doce meses expone a la persona al decomiso de bienes sustitutos por el triple del monto involucrado en todo el patrón.

El Fiscal del Condado se queda con la mayoría de estos delitos graves, aunque ciertos casos estatales van en cambio a la Oficina del Procurador General de Arizona (Arizona Attorney General's Office), a menudo cuando la conducta abarca varios condados, una agencia estatal armó el caso o el fiscal del condado se lo remitió. Manejamos estos asuntos sin importar qué oficina presentó el cargo. Por separado, el Fiscal Federal (U.S. Attorney) puede asumir acusaciones relacionadas con bancos, el correo, transferencias electrónicas (wire) e impuestos. Nova Law Group comparece en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona (U.S. District Court for the District of Arizona), que ve esos casos en Phoenix, no en Mesa.

Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Los empleadores, los bancos y las aseguradoras pueden ver una condena por robo o fraude como un delito de deshonestidad, y una junta de licencias puede abrir su propio procedimiento. Una condena por delito grave convierte a la persona en poseedor prohibido (prohibited possessor) según A.R.S. § 13-3101 hasta que se restablezcan sus derechos sobre armas de fuego. Si hay condena, el § 13-603(C) exige la restitución de la pérdida económica total que determine la corte, pagada a través del secretario de la corte (clerk of the court), y sigue siendo posible una demanda civil por el mismo dinero. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, obtenga asesoría migratoria antes de cualquier declaración de culpabilidad.