Abogado de propiedad robada y robo en tiendas en Mesa, AZ

En Mesa, el rastro de documentos normalmente empieza en un mostrador. Según la Policía de Mesa, las casas de empeño de la ciudad tienen licencias tanto del Condado de Maricopa como de la Ciudad de Mesa, y la ciudad también otorga licencias especiales a comerciantes de artículos de segunda mano, comerciantes de chatarra, casas de subastas y comerciantes de antigüedades. Las transacciones en esos negocios generan informes a la policía, y la unidad de Propiedad Recuperada y Empeños (Recovered Property and Pawn) de la Policía de Mesa es responsable de supervisarlos. La misma unidad hace visitas de cumplimiento a las casas de empeño en fechas que no anuncia, por lo menos una vez al año. La descripción de puesto que tiene la ciudad para sus investigadores incluye ingresar las transacciones de empeño y de artículos de segunda mano en una base de datos y revisarlas en busca de propiedad robada y de personas buscadas.

Un número de serie, un grabado o una piedra distintiva en uno de esos registros puede coincidir con un informe de robo con allanamiento o de robo, y el registro lleva el nombre del vendedor. Los propios consejos de la unidad para las víctimas explican que las casas de empeño normalmente no dan a conocer la información de sus clientes y no están obligadas a responder preguntas, así que el seguimiento pasa por los detectives. También les dicen a los dueños que las joyas comunes sin marcas distintivas son difíciles de recuperar, mientras que las piezas con piedras únicas, inscripciones o monogramas son más fáciles. Eso tiene dos caras en la corte: un registro que coincide muestra quién llevó un artículo, y el Estado todavía tiene que probar que el artículo es el robado y que el vendedor lo sabía o actuó con imprudencia al respecto.

La unidad también distingue entre delitos y desacuerdos. Su página trata los préstamos, las rentas y las discusiones de contrato como asuntos generalmente civiles, dice que un contrato que le prohíbe a alguien empeñar un artículo no convierte por sí solo en delito el hecho de empeñarlo, y dice que los oficiales no pueden actuar sobre una propiedad en la que hay un interés en disputa. Cuando una casa de empeño presenta un reclamo civil sobre una propiedad recuperada, la policía le pide a la Corte Municipal de Mesa (Mesa Municipal Court) una audiencia de interpleader, y la corte decide a quién le pertenece. Para el caso de un familiar que empeñó las pertenencias de otro miembro de la familia, la página le dice al dueño que no quiere que se procese a su familiar que puede esperar a que termine el período de retención y volver a comprar el artículo; un dueño que sí quiere que se procese el caso hace un reporte a la policía.

Los casos en tiendas llegan por otra puerta. La Policía de Mesa invita a los negocios a firmar un Acuerdo de Procesamiento por Hurto en Tiendas (Shoplifting Prosecution Agreement), que da el consentimiento para procesar cualquier delito de A.R.S. § 13-1805, la ley de hurto en tiendas, puede cubrir varias ubicaciones bajo un mismo dueño o gerente, tiene vigencia de un año a partir de la fecha en que el departamento lo recibe, y tiene prioridad sobre la decisión verbal de un empleado en el lugar de no procesar. El robo organizado en tiendas es un delito aparte según § 13-1819, un delito grave de clase 4 con cualquier valor. Se puede acusar a una sola persona que actuó sola, y el Estado debe demostrar una intención de revender o intercambiar los bienes, o que se usó un artificio, un recipiente u otro objeto para ayudar a sacarlos sin pagar.

Con la reventa entra en juego el tráfico de propiedad robada (trafficking). Según A.R.S. § 13-2307, traficar de manera imprudente con propiedad robada de otra persona es tráfico en segundo grado, un delito grave de clase 3, y el primer grado, un delito grave de clase 2, requiere un papel de liderazgo ejercido a sabiendas, como organizar, financiar o supervisar tanto el robo como el tráfico. La sección 13-2301 define el tráfico como vender, transferir o disponer de otra manera de propiedad robada a favor de otra persona, o adquirirla o poseerla con la intención de hacerlo. La sección 13-2305 nombra tres hechos que, a menos que se expliquen de manera satisfactoria, pueden dar lugar a una deducción de que la persona estaba consciente: la posesión reciente, un precio muy por debajo del valor justo de mercado, y un comerciante que actúa fuera del curso normal de su negocio.

Un camino sí lleva de regreso a 1st Avenue. Quedarse con un artículo sabiendo, o teniendo motivos para saber, que era robado, sin ninguna intención de venderlo o transferirlo, no es tráfico, pero § 13-1802(A)(5) puede tratarlo como robo, que se clasifica según el valor. Con un valor de menos de $1,000, el cargo de robo generalmente es un delito menor de clase 1, la Corte Municipal de Mesa incluye el robo entre los delitos menores que ve, y la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Mesa (Mesa City Prosecutor's Office) presenta los delitos menores cometidos dentro de los límites de la ciudad. El tráfico como delito grave y el robo organizado en tiendas se quedan en el centro.

La mayoría de los delitos graves van a la Oficina del Fiscal del Condado; algunos, a menudo los que van más allá de un condado, los que investigó una agencia estatal o los que remitió la fiscalía del condado, los presenta en cambio la Oficina del Procurador General. Las agencias federales también pueden involucrarse cuando una operación de reventa es grande o cruza fronteras estatales. Nos encargamos de estos asuntos sin importar qué oficina haya presentado el cargo. Después de un arresto por delito grave, el centro de detención de la Policía de Mesa envía a la persona al edificio ITR (Intake, Transfer and Release) de la Oficina del Sheriff en Phoenix para una comparecencia inicial, que la Regla 4.1 exige dentro de 24 horas; una persona detenida solo por un cargo de robo de la ciudad espera en Mesa a un juez de Mesa.

Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Las condenas por tráfico y por robo organizado en tiendas son delitos graves, lo que trae la prohibición de poseer armas que corresponde a un poseedor prohibido (prohibited possessor) según A.R.S. § 13-3101 y una prohibición federal aparte sobre armas de fuego. Según § 13-603(C), la corte ordena que se pague la totalidad de la pérdida económica de la víctima, según la determine, y según § 13-1805(I), un robo organizado en tiendas anterior cuenta para los dos delitos anteriores dentro de cinco años que pueden convertir un hurto en tiendas posterior en un delito grave de clase 4. Los empleos en comercio minorista, reventa, manejo de efectivo y artículos de segunda mano pueden verse afectados, y una persona que no es ciudadana debe obtener asesoría migratoria antes de cualquier declaración de culpabilidad.