En Arizona no existe un delito llamado violencia doméstica. En cambio, A.R.S. 13-3601(A) permite que el Estado agregue una designación de violencia doméstica (DV) a un delito común de su lista (agresión, amenazas, alteración del orden público y daño criminal son ejemplos frecuentes) si el acusado y la presunta víctima están relacionados de una de las formas enumeradas: cónyuges o ex cónyuges, personas que viven o vivieron en el mismo hogar (incluidos compañeros de casa), padres de un hijo en común, ciertos parientes por sangre o por matrimonio, y personas que tienen o tuvieron una relación romántica o sexual. Una vez que la designación se aplica, 13-3601(H) dice que la denuncia debe llevarla marcada, mientras que 13-3601(M) deja el delito en la misma clase que tendría de otro modo.
La designación importa primero en el lugar de los hechos. Bajo 13-3601(B), un agente con causa probable puede arrestar con o sin orden de arresto, aunque la conducta haya terminado antes de que llegara. Cuando hubo una lesión física, o se disparó, usó o exhibió de forma amenazante un arma mortal o un instrumento peligroso, el mismo inciso pide un arresto, con una excepción solo cuando el agente concluye razonablemente que la víctima estará a salvo de más daño sin él.
En el Condado de Pima, el fiscal depende de la corte. La página de la División Penal de la Fiscalía del Condado dice que tiene una unidad de violencia doméstica que lleva delitos graves y menores relacionados con la violencia familiar, y su Unidad de Delitos Menores (Misdemeanor Unit) procesa los delitos menores de las zonas no incorporadas citados a la Corte de Justicia del Condado de Pima. En la Corte Municipal de Tucson (Tucson City Court), la Fiscalía Municipal de Tucson (City of Tucson Prosecutor's Office) da fechas de corte sobre los cargos presentados allí y publica una línea de Asistencia a Víctimas. La Corte Municipal de Tucson también tiene una Corte de Violencia Doméstica (Domestic Violence Court), que según la corte da a las víctimas de violencia doméstica mayor acceso al proceso judicial y a los servicios para víctimas.
Después de un arresto, lo que más importa es el tiempo. La Regla 4.1 permite 24 horas desde el arresto hasta la primera audiencia ante un juez, o la persona debe ser liberada. Para las personas en el Complejo de Detención para Adultos (Adult Detention Complex), 1270 W. Silverlake Road, la página de Información de la Corte del Sheriff dice que las comparecencias iniciales se hacen dos veces al día por video, a las 9:00 a.m. y a las 7:00 p.m. La página de Servicios Previos al Juicio (Pretrial Services) de la Corte Superior dice que esas audiencias fijan las condiciones de liberación de las personas recién arrestadas.
Desde ese momento, la orden de liberación es el reglamento. El inciso 13-3601(I) exige que toda orden de liberación en un caso de violencia doméstica incluya las condiciones necesarias para proteger a la presunta víctima y a cualquier otra persona que la corte nombre. Generalmente eso significa ningún contacto: ni llamadas, ni mensajes de texto, ni mensajes en redes sociales, ni palabras transmitidas por un pariente, aunque la otra persona haga contacto primero. Guarde los papeles, porque muestran su próxima fecha de corte.
Algunos casos empiezan sin arresto, con una citación o una orden de comparecencia por correo, y la fecha que aparece suele ser la lectura de cargos. En cualquier caso, es el fiscal quien decide si el caso sigue. La persona nombrada como víctima no lo decide. Sus deseos pueden ser escuchados, pero no puede desestimar el caso, y pedirle ayuda con él es exactamente el contacto que prohíbe una orden de liberación.
No dé por hecho que la corte le nombrará un abogado. La Regla 6.1(b) de las Reglas de Procedimiento Penal de Arizona da derecho a un abogado nombrado a un acusado sin recursos en un procedimiento que pueda terminar con la pérdida de la libertad. En la corte de delitos menores, el fiscal puede afirmar que no pedirá cárcel y el juez puede resolver que no impondrá cárcel, y una vez que eso ocurre, no hay ningún derecho a un abogado nombrado. La Corte de Apelaciones de Arizona confirmó exactamente eso en Campa v. Fleming, 134 Ariz. 330 (App. 1982), en un delito menor de clase 1 con hasta seis meses de cárcel, para un acusado que estaba en libertad condicional y enfrentaba consecuencias migratorias.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Una condena por violencia doméstica como delito menor trae un programa de tratamiento para infractores ordenado por la corte, que usted paga, y puede contarse para la violencia doméstica agravada, el delito grave que se imputa en un tercer delito de violencia doméstica dentro de 84 meses. Arizona considera a quien cumple libertad condicional por violencia doméstica un poseedor prohibido de armas de fuego. Según los elementos y la relación, una condena por violencia doméstica como delito menor también puede activar una prohibición federal de armas. Para una persona que no es ciudadana, un delito de violencia doméstica es una de las causales de deportación en la ley federal. Y una corte familiar que decide el tiempo de crianza puede enterarse de ella.
Fuentes: Fiscalía del Condado de Pima, División Penal; Fiscalía Municipal de Tucson, preguntas frecuentes; Corte Municipal de Tucson, Corte de Violencia Doméstica; Sheriff, Información de la Corte; Corte Superior, Servicios Previos al Juicio.