La mayoría de los casos de fraude y de identidad en Chandler comienzan con una queja respaldada por documentos. El titular de la tarjeta o el banco marca los cargos que considera no autorizados, un empleador extrae un registro de transacciones o un comerciante envía un cheque devuelto. Un detective trabaja luego a partir de ese conjunto. Un estado de cuenta marcado muestra qué cargos disputa alguien; no muestra quién los hizo.
La página de Divisiones de la Policía de Chandler incluye una Financial Crimes Unit (Unidad de Delitos Financieros) entre las unidades de investigación del departamento, junto con una Property Crimes Unit (Unidad de Delitos contra la Propiedad), pero no dice qué unidad recibe cada tipo de queja. La unidad que aparece impresa en la tarjeta o en la carta del detective le indica quién tiene el expediente. Los reportes policiales los guarda la Unidad de Registros (Records Unit) en el Downtown Precinct, que no entrega un reporte hasta que el caso del agente esté completo.
Las leyes de Arizona sobre robo de identidad son delitos graves desde el primer cargo. A.R.S. 13-2008 convierte en delito grave de clase 4 tomar, poseer o usar a sabiendas la información de identificación de otra persona sin su consentimiento, para un propósito ilícito o para causar una pérdida, y eso es así aunque nadie termine perdiendo dinero. Conforme a A.R.S. 13-2009, el delito se vuelve agravado, un delito grave de clase 3, cuando se involucra la información de tres o más personas, cuando la pérdida de una víctima llega a $1,000 o más, o cuando el propósito es obtener un empleo. Si alguien tiene datos de identificación de tres o más personas, sin una razón normal de negocios, la ley permite que el jurado infiera un propósito ilícito; también puede decidir no hacer esa inferencia.
La falsificación conforme a A.R.S. 13-2002 siempre requiere intención de defraudar. Alcanza fabricar o alterar falsamente un instrumento escrito, poseer a sabiendas uno falsificado, y ofrecerlo o presentarlo, ya sea que el banco o la tienda lo acepte o no. Cuando se encuentran juntos cinco o más artículos falsificados, el jurado puede inferir esa intención. La falsificación por lo general se acusa como delito grave de clase 4.
Los casos de tarjetas se cuentan a lo largo de un período. A.R.S. 13-2105 suma el valor de lo que se obtuvo o se intentó obtener con una tarjeta durante cualquier período de seis meses consecutivos. Un total menor de $250 es un delito menor de clase 1, de $250 a menos de $1,000 es un delito grave de clase 6, y $1,000 o más es un delito grave de clase 5. Un cargo menor por tarjeta en un reporte de la Policía de Chandler puede quedarse en la ciudad: la Fiscalía Municipal de Chandler procesa los casos penales de delitos menores en la corte de la ciudad, y la Corte Municipal de Chandler está en 200 E. Chicago St.
Un reporte de fraude por delito grave se envía para la presentación de cargos a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. Algunos delitos graves estatales los procesa en cambio la Oficina del Procurador General de Arizona, por lo general cuando la conducta cruzó los límites de un condado, cuando una agencia estatal la investigó o cuando el fiscal del condado la remitió. Atendemos estos asuntos sin importar qué oficina presentó el cargo. La Corte Superior ve estos casos en el centro, en el Central Court Building, 201 W. Jefferson St., o en el South Court Tower, 175 W. Madison St. Confirme el edificio en su notificación más reciente.
Los cheques rebotados tienen su propio procedimiento en el condado. El Programa de Cobro de Cheques (Check Enforcement Program) de la Fiscalía del Condado hace que el comerciante envíe primero una carta de cobro a quien escribió el cheque, y el comerciante presenta el cheque solo si el plazo vence sin pago. La página de la oficina dice que cuando encuentra suficiente evidencia de un delito, quien escribió el cheque puede ser citado a la corte penal, enfrentar una orden de arresto, o ambas cosas.
Algunos casos de identidad se presentan en la corte federal. 18 U.S.C. 1028A(a)(1) agrega una pena obligatoria de dos años de prisión, sumada a la sentencia del delito subyacente, cuando una persona usa a sabiendas un medio de identificación de otra persona sin autoridad legal durante ciertos delitos graves federales.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Una condena por fraude, falsificación o robo de identidad puede hacer dudar a un empleador que maneja dinero, expedientes médicos o datos de clientes. Después de una condena por delito grave, A.R.S. 13-3101 convierte a la persona en poseedor prohibido (prohibited possessor) hasta que se restablezcan sus derechos sobre armas. La corte también debe ordenar la restitución conforme a A.R.S. 13-603(C), medida por toda la pérdida económica según la determine el juez. Si la manipulación informática forma parte de la condena, A.R.S. 13-2316(C) agrega el decomiso del teléfono o de la computadora usados en el delito cuando el acusado era su dueño o su único usuario. Antes de cualquier declaración de culpabilidad, una persona sin ciudadanía de los Estados Unidos necesita la asesoría de un abogado de inmigración.