Scottsdale deja por escrito su proceso de denuncia. La página de robo de identidad del departamento de policía pide a quien crea que su información fue mal usada que llene una declaración jurada (affidavit), un paquete de la víctima y un paquete de información de la víctima, y que los envíe por correo electrónico o postal, y enlaza con el Centro de Quejas de Delitos en Internet (Internet Crime Complaint Center) del FBI, el Servicio Secreto y la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission). El paquete está dirigido a la Unidad de Delitos Financieros del departamento en East Via Linda.
Sus instrucciones dan forma a la acusación. A la persona que denuncia se le pide que envíe el paquete solo si quiere que se procese el caso y se le dice que lo más probable es que se necesite su testimonio en la corte una vez que se arreste a un sospechoso. Las transacciones se encierran en un círculo o se subrayan en los estados de cuenta, que traen los números de cuenta completos, las direcciones de compra y de envío, y los números de teléfono involucrados. La declaración jurada pregunta si conocen a quien usó la información, si ayudarán a procesar el caso y si autorizan la entrega a las autoridades. Sin un sospechoso identificable, dice el paquete, el caso queda inactivo a menos que surjan más pistas.
Por eso un caso de Scottsdale normalmente comienza con los estados de cuenta marcados de una persona y su creencia sobre quién lo hizo. Las direcciones de envío y los números de teléfono unen una transacción con un nombre, y esos son los vínculos que ponemos a prueba frente a planes de teléfono compartidos, hogares compartidos y dispositivos que varias personas podían usar.
El paquete también remite ciertos problemas a agencias federales: el robo de correo y los cambios falsos de dirección al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el uso indebido de un número de Seguro Social para trabajar a la Administración del Seguro Social, y las declaraciones de impuestos falsas al IRS.
Los dispositivos suelen venir después. La Unidad de Análisis Forense Digital, acreditada por ANAB, enumera el fraude financiero entre las investigaciones que apoya, y su perro detector de electrónicos está entrenado para encontrar teléfonos, unidades USB y tarjetas SD ocultos durante las órdenes de registro.
La mayoría de los cargos aquí son delitos graves. A.R.S. 13-2008 convierte en un delito grave de clase 4 usar o poseer a sabiendas la información de identificación de otra persona o entidad sin su consentimiento, con la intención de un fin ilegal o de causar una pérdida, aunque nadie haya perdido dinero. Bajo A.R.S. 13-2009, el delito es agravado, de clase 3, cuando involucra información de tres o más personas o entidades o causa a alguien una pérdida de $1,000 o más, y poseer información de tres o más personas fuera del curso ordinario de un negocio puede sustentar una inferencia de un fin ilegal. La falsificación bajo A.R.S. 13-2002 exige intención de defraudar, abarca presentar un documento falsificado aunque sea rechazado, y es generalmente un delito grave de clase 4; cinco o más documentos falsificados permiten una inferencia de intención de defraudar.
Los casos de tarjetas se cuentan a su manera. Para el uso fraudulento de una tarjeta de crédito, A.R.S. 13-2105 suma todo lo obtenido o intentado en cualquier período consecutivo de seis meses, y solo un total menor de $250 sigue siendo un delito menor de clase 1. Un cargo menor así a partir de un informe de la Policía de Scottsdale puede ser procesado por el Abogado de la Ciudad en la Corte Municipal de Scottsdale (Scottsdale City Court) en la calle 75.
Los delitos graves siguen la ruta del condado. La página de fiscalía de Scottsdale deja los delitos graves estatales a la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa y, en algunos casos, a la Oficina del Procurador General de Arizona, a menudo cuando la conducta se extendió a varios condados o investigadores estatales armaron el caso. Atendemos estos casos sin importar qué oficina presentó el cargo. La Corte Superior los atiende en el centro, en el Central Court Building en 201 W. Jefferson St. o en el South Court Tower en 175 W. Madison St. Confirme el edificio en su aviso actual.
Los cheques sin fondos tienen un programa propio del condado. Bajo el Programa de Cumplimiento de Cheques (Check Enforcement Program) del Fiscal del Condado, un comerciante envía una carta de exigencia de pago y luego presenta el cheque, y la oficina actúa si la evidencia muestra un delito, posiblemente citando a quien lo emitió a la corte penal o buscando una orden de arresto. El programa figura bajo el encabezado de Programas de Desvío (Diversion Programs) de la oficina.
Los cargos federales de identidad añaden algo que Arizona no tiene. Bajo 18 U.S.C. 1028A(a)(1), quien a sabiendas usa el medio de identificación de otra persona, sin autoridad legal, mientras comete uno de los delitos graves federales que enumera la ley recibe dos años más de prisión sobre la sentencia de ese delito grave, sin libertad condicional en ese cargo y, por lo general, sin que se superponga con otras penas. Nova Law Group comparece ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos (U.S. District Court) para el Distrito de Arizona.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Las condenas por fraude, falsificación y robo de identidad plantean dudas de confianza ante empleadores que manejan dinero, expedientes de salud o datos de clientes. Una condena por delito grave convierte a una persona en poseedor prohibido (prohibited possessor) bajo A.R.S. 13-3101 hasta que se restablezcan los derechos sobre armas de fuego, y A.R.S. 13-603(C) exige la restitución de la pérdida económica completa que determine el tribunal. Una condena por manipulación informática (computer tampering) suma la confiscación, bajo A.R.S. 13-2316(C), de una computadora o teléfono que la persona poseía o usaba de manera exclusiva y que usó en el delito. Quien no sea ciudadano de los Estados Unidos debe recibir asesoría migratoria antes de una declaración de culpabilidad.