El valor hace la mayor parte de la clasificación en un caso de robo en Chandler. A.R.S. 13-1802 trata el robo de bienes o servicios con un valor menor de $1,000 como delito menor de clase 1, con dos excepciones que importan aquí: los bienes tomados de la persona de otro, y un arma de fuego, son delitos graves sea cual sea el valor. De $1,000 en adelante, cada nivel es un delito grave. El robo en tiendas según A.R.S. 13-1805 traza su línea de delito menor en la misma cifra.
Un delito menor documentado por la Policía de Chandler se queda en la ciudad. Lo presenta la Fiscalía Municipal de Chandler (Chandler City Prosecutor's Office), 250 E. Chicago St., y lo ve la Corte Municipal de Chandler (Chandler Municipal Court), 200 E. Chicago St. La corte se ubica a sí misma dos cuadras al este de Arizona Avenue y tres cuadras al sur de Chandler Boulevard, al lado del departamento de policía. La página de estacionamiento del centro de la ciudad incluye estacionamientos públicos gratuitos, entre ellos el City Hall Parking Garage, en las calles Washington y Chicago.
El robo en tiendas es el ejemplo que esta corte eligió por sí misma. Su página de Cargos Penales (Criminal Charges) dice que para algunos delitos, y el robo en tiendas es el que nombra, la Fiscalía Municipal ofrece programas que pueden sustituir el proceso normal de juicio. La misma página agrega que es la Fiscalía Municipal, no la Corte, quien determina quién es elegible.
Tres alegatos sacan de la ciudad un caso de comercio. Uno es un valor de $1,000 o más. Otro es la afirmación de que se usó un dispositivo o artículo para facilitar el robo en tiendas, o de que hay al menos dos delitos anteriores de tipo robo dentro de los últimos cinco años; cualquiera de los dos lo convierte en delito grave de clase 4. El tercero es el robo organizado en comercios, que A.R.S. 13-1819 clasifica como delito grave de clase 4 y que una persona que actúa sola puede cometer. La Policía de Chandler incluye el robo organizado en comercios y el robo de vehículos entre el trabajo de su Unidad de Delitos contra la Propiedad (Property Crimes Unit), y el departamento también nombra una Unidad de Delitos Financieros (Financial Crimes Unit).
El robo como delito grave generalmente lo acusa la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa. La Oficina del Procurador General de Arizona toma ciertos asuntos de robo en comercios, típicamente después de la investigación de una agencia estatal o cuando hay más de un condado involucrado. Las salas están en el complejo penal del centro de la Corte Superior, en 175 W. Madison St. (South Court Tower) o 201 W. Jefferson St. (Central Court Building). Confirme el edificio en su aviso más reciente. Manejamos estos asuntos sin importar qué oficina presentó el cargo.
No todo delito menor ocurrido dentro de los límites de la ciudad es un caso de la ciudad. Si el informe vino del Departamento de Seguridad Pública (DPS) o de un alguacil de la Oficina del Sheriff, el caso puede asignarse a una corte de justicia (justice court) del condado, y el condado tiene cuatro de ellas en un solo edificio en 201 E. Chicago Street. La citación nombra la corte, y esa es la que hay que seguir.
Un caso puede comenzar de dos maneras. A menudo un agente entrega una citación en la tienda, con una fecha de comparecencia impresa en ella. En otros casos, sobre todo en acusaciones del lugar de trabajo y en línea, un informe va primero al fiscal y el cargo puede llegar después por una orden de comparecencia (summons). Unas semanas de silencio no significan que el informe se haya descartado.
No dé por hecho que la corte le asignará un abogado. La Regla 6.1(b) de Procedimiento Penal de Arizona da derecho a un acusado de escasos recursos a un abogado designado en un procedimiento que pueda resultar en una pena de pérdida de libertad. En la corte de delitos menores, el fiscal puede declarar que no pedirá cárcel y el juez puede resolver que no impondrá cárcel, y una vez que eso ocurre, no existe ningún derecho a un abogado designado. La Corte de Apelaciones de Arizona confirmó exactamente eso en Campa v. Fleming, 134 Ariz. 330 (App. 1982), en un delito menor de clase 1 que conlleva hasta seis meses de cárcel, para un acusado que estaba en libertad condicional (probation) y enfrentaba consecuencias migratorias.
Evitar la cárcel no es lo mismo que evitar una condena. Los empleadores, las juntas de licencias y los arrendadores tienden a leer una condena por robo como una declaración sobre la honestidad, y puede crear problemas federales de inmigración para una persona que no es ciudadana. También puede contar más adelante como uno de los dos delitos anteriores que convierten un nuevo cargo de robo en tiendas en un delito grave de clase 4.